La investigación de una masacre saca a la luz las atrocidades del ejército indonesio
19 diciembre 2013
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Un tribunal establecido para examinar la infame masacre que se produjo en la isla Biak de Papúa Occidental
en 1998 ha concluido que los soldados indonesios y la policía atacaron una manifestación pacífica, asesinaron a “decenas de personas” y detuvieron a muchas otras.
El Tribunal de los Pueblos en Australia, desarrollado como una investigación forense, se estableció quince años después de la masacre.
Según él “un gran número de hombres, mujeres y niños fueron asesinados, torturados y mutilados. Algunas mujeres y niñas también fueron violadas y mutiladas genitalmente. Entre los detenidos también hubo muertes como resultado de las acciones de las fuerzas militares y el ejército”.
El Tribunal también concluyó que el Gobierno de Indonesia trató de restar importancia a la gravedad del asunto y que no se adoptó ninguna medida contra “ninguna persona por crímenes contra la humanidad perpetrados contra civiles inocentes”.
Los testigos hablan de cómo los soldados y la policía dispararon a la multitud y de cadáveres depositados en barcos que luego echaron al mar. Los pescadores informaron después que habían visto cuerpos flotando en el agua, pero que estaban demasiado asustados como para llevarlos a tierra.
La masacre se produjo a raíz del izado de la prohibida bandera de Papúa Occidental en Biak. El organizador del evento, Filip Karma, aportó evidencias grabadas en vídeo desde prisión, donde cumple una condena de quince años por izar la bandera en 2004.
La investigadora para Asia de Survival International, Sophie Grig, recuerda que la mañana del seis de julio de 1998 recibió una llamada desde Papúa Occidental muy temprano. “Me dijeron que los soldados y la policía se dirigían hacia el lugar donde se había izado la bandera y que temían un baño de sangre. Llamé a todo el que se me ocurrió para pedirles que contactaran al comandante militar y al gobernador en Papúa Occidental y lo instaran a que se controlaran. Teníamos la esperanza de que al alertarles de que la comunidad internacional estaba pendiente de lo que hacían, controlarían la violencia. Lamentablemente, solo sirvió para demostrar lo poco que les importaban las vidas de los indígenas papúes y lo confiados que estaban acerca de su propia impunidad”.
Grig añadió: “Es crucial que los gobiernos de EE.UU, Reino Unido y Australia, que ayudan con el entrenamiento de los militares indonesios, tomen muy en serio este veredicto. Deben emplear su influencia para garantizar que los responsables, en todos los niveles de las fuerzas armadas y de la policía, sean finalmente llevados ante la justicia”.
