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El Tribunal Constitucional de Colombia ha anulado una ley que atentaba contra los derechos de los pueblos indígenas.
La ley fue aprobada por el Gobierno colombiano en 2007, pero fue duramente criticada por los pueblos indígenas ya que no fueron consultados sobre ella y por la amenaza que ésta suponía para sus territorios.
“No existe evidencia alguna del cumplimiento de procedimientos preconsultivos, a través de los cuales las autoridades gubernamentales y las comunidades tradicionales acordaran las reglas del trámite de consulta previa", dictaminó el Tribunal.
El Tribunal Constitucional también sentenció que la idea principal de esta ley, denominada Estatuto para el Desarrollo Rural, afectaría directamente la tierra de los pueblos indígenas. Entre otras cosas, prohibía la creación de nuevas reservas indígenas en ciertas zonas del país y no otorgaba a grupos nómadas o seminómadas los derechos de propiedad sobre sus tierras hasta que no se asentaran de forma permanentemente en un lugar.
