Temor a represalias por el ataque de Papúes a una mina británico-estadounidense

Crecen las dificultades para la empresa británica Rio Tinto en Indonesia. Grupos independentistas de Papúa Occidental hicieron estallar una serie de bombas en la mina Grasberg, que está devastando las tierras de los pueblos indígenas de los amungme y los kamoro. Survival teme posibles represalias por parte del ejército indonesio contra  indígenas inocentes de la zona como respuesta al ataque.

Rio Tinto posee una participación significativa en la mina de cobre y oro de Grasberg, propiedad de la empresa americana Freeport McMoRan. Precisamente, dicha participación protagonizó los titulares a principios de mes, cuando el Gobierno noruego vendió sus acciones de la empresa por valor de casi 500 millones de libras debido a las preocupaciones éticas que le comportaba el historial sobre impacto medioambiental de la mina.
 
Tres bombas explotaron las semanas pasadas cerca de la mina, al parecer a manos del Ejército de Liberación de Papúa Occidental (OPM/TPN). En declaraciones, un general del OPM mencionaba los conflictos tribales causados por la mina, las continuas violaciones de derechos humanos y la destrucción del medio ambiente como causas subyacentes de los ataques.

Asimismo, se afirmaba que el objetivo de los bombardeos era cerrar la mina y llamar la atención en todo el mundo sobre la intención de los papúes de obtener la independencia política de Indonesia.

En 1996, el OPM secuestró y retuvo durante cuatro meses a un grupo de universitarios de Cambridge, así como a algunos miembros de su expedición científica, en un intento de captar la atención mundial sobre la causa de liberación de Papúa. Dicho acto tuvo un final trágico: los raptores asesinaron a dos de sus rehenes indonesios, en tanto que ocho rebeldes del OPM fueron asesinados en la fallida operación de rescate a manos del ejército indonesio.

Como consecuencia, el ejército indonesio desarrolló una brutal operación militar en la zona. El resultado fue un indiscriminado ataque a pueblos tribales inocentes y la huida de miles de personas ante la presencia militar. Se confirmaron once muertes civiles, aunque el balance definitivo es todavía desconocido.

Los soldados incendiaron y destruyeron casas, iglesias, campos de cultivo y mataron al ganado. Más de dos años después del rescate de los rehenes, la zona permanecía como “área militar cerrada”, y más de mil personas seguían ocultas por miedo a volver a sus hogares.

Survival está extremadamente preocupada de que se produzcan represalias violentas similares por parte del ejército ante las recientes explosiones. Papúa Occidental no permite la entrada a periodistas e inspectores de derechos humanos en la zona, de modo que las fuerzas militares indonesias pueden actuar con total impunidad. Por ello, Survival insta al ejército indonesio a actuar con suma moderación y asegure que los inocentes no se conviertan en objetivo.