Preocupación creciente ante la crisis humanitaria en el bajo Omo de Etiopía
28 marzo 2014
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Políticos de Europa y Estados Unidos están sumando sus voces a la manifiesta preocupación internacional por la presa Gibe III y las plantaciones irrigadas asociadas. Los proyectos tendrán un impacto catastrófico en una de las regiones cultural y biológicamente más diversas del mundo.
El valle del río del bajo Omo en Etiopía y el Lago Turkana en Kenia son el hogar de una población tribal de 500.000 personas y han sido reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en ambos lados de la frontera.
El diputado italiano Andrea Zanoni formuló preguntas ante el Parlamento Europeo sobre las violaciones de derechos humanos que rodean a los proyectos. Al mismo tiempo, el diputado abordó la implicación de la empresa italiana Salini Costruttori, que está construyendo la presa Gibe III en el bajo Omo.
El diputado británico Lord Jones formuló preguntas en el Parlamento del Reino Unido acerca del uso de los fondos aportados por el Departamento Británico para el Desarrollo Internacional (DFID, según sus siglas en inglés) en los desalojos forzosos.
Mark Durkan, otro diputado británico del Parlamento, también envió un mensaje directo al DFID sobre la materia.
International Rivers lanzó un vídeo que ilustra cómo la presa Gibe III, junto con las plantaciones de azúcar, algodón y palma asociadas, supone un grave riesgo hidrológico para la región.
Los proyectos tendrán también un altísimo coste humano, al destruir los bancos pesqueros, suelos para el pastoreo y sofisticados sistemas agrícolas de los que dependen los indígenas de la región.
La organización Human Rights Watch creó una serie de reveladoras infografías que emplean imágenes satelitales, y muestran el rápido ritmo al que se lleva a cabo el acaparamiento de tierras.
Survival y otras ONG han denunciado de forma reiterada las expulsiones forzosas de cientos de bodis y kwegus de sus hogares hacia campos de reasentamiento, mientras el Gobierno se apropia de sus mejores tierras agrícolas para convertirlas en plantaciones comerciales a gran escala de caña de azúcar.
Los donantes internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID según sus siglas en inglés) y el DFID han fracasado reiteradamente en tomar medidas, pese a tener sobrada constancia de los graves abusos cometidos en la región.
A pesar de ello, el Congreso de los Estados Unidos evidenció el mes pasado que USAID había encubierto la situación y requirió que el dinero de los contribuyentes no fuese implementado para financiar los asentamientos forzosos en el bajo Omo.
El Gobierno británico, sin embargo, aún debe introducir medidas de salvaguarda similares y explicar si aplicará, y cuándo, sus “Directrices de Buenas Prácticas y Principios sobre Reasentamientos”.
