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El Tribunal Supremo de Botsuana comenzó ayer la vista de las conclusiones finales del abogado de los bosquimanos. El abogado Gordon Bennett sostuvo que la expulsión de los bosquimanos era ilegal, inconstitucional y que se había hecho sin el consentimiento de los afectados.
Bennett señaló que el Estado no había citado como testigo a ningún bosquimano gana y gwi para que declarase si estaba de acuerdo con su reasentamiento fuera de la Reserva de Caza del Kalahari Central. Dijo que esta era una "omisión reveladora".
Se remitió a documentos que mostraban que en 1990, 1995, 1997, 1999, 2000 y 2001, los bosquimanos que vivían en la Reserva manifestaron que no querían trasladarse. Los abogados del Gobierno no aportaron ninguna prueba de que los bosquimanos hubiesen cambiado de opinión durante las expulsiones a comienzos del 2002. Bennett sostuvo que se trasladaron porque "el Gobierno ejerció una presión insoportable para que abandonasen la reserva."
Bennett señaló que el Gobierno había retirado a los bosquimanos de la reserva servicios que después admitió que eran "básicos" y "esenciales". Defendió que, en contra de las alegaciones del Gobierno, la retirada de estos servicios no estaba relacionada con su coste. "Ese coste resultaría insignificante si se compara con los miles de millones gastados en infraestructura, carreteras, suministros de agua y demás llevados a cabo en Nueva Xade y Kaudwane [los campos de reasentamiento del Gobierno]."
También dijo que el Gobierno, al retirar ilegalmente las licencias de caza de los bosquimanos, estaba "dispuesto a saltarse su propia ley para lograr su objetivo."
Bennet demostró que las pruebas de los testigos del Gobierno eran a menudo poco fiables y contradictorias, e invitó al tribunal "a considerar hasta qué punto podemos confiar en prueba alguna de cualquiera de los testigos del Gobierno."
Los argumentos orales continuarán durante lo que queda de semana.
