La ONU publica directrices históricas para combatir violaciones de derechos humanos en nombre de la conservación de la naturaleza

9 diciembre 2024

Mujeres bakas, cerca del Parque Nacional de Odzala-Kokoua, República del Congo. Los bakas han sufrido violentas expulsiones de su territorio en el Parque Nacional de Odzala-Kokoua y sus alrededores, para hacer posible un proyecto de ‘conservación’ de la naturaleza gestionado por African Parks. Se les prohíbe volver a entrar en su selva y los guardaparques les amenazan con palizas, torturas y violaciones. © Survival

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publica hoy, víspera del Día de los Derechos Humanos, nuevas directrices para el respeto de los derechos humanos en la conservación de la naturaleza.

Las directrices surgieron a raíz de reiteradas revelaciones de que grandes organizaciones de conservación son responsables de graves violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, expulsados de sus territorios para crear Áreas Protegidas. John H. Knox, antiguo Relator Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, desempeñó un papel decisivo en la elaboración de estos principios, que representan un hito en la lucha por descolonizar la conservación de la naturaleza.

Algunos de los escándalos que demuestran por qué son necesarias estas directrices fueron publicados en los reportajes de investigación de Buzzfeed, que sacaron a la luz los abusos que guardaparques financiados por WWF cometían sistemáticamente contra los indígenas bakas, así como el artículo del Daily Mail sobre los abusos perpetrados por guardaparques de African Parks contra indígenas en el Congo. Otros innumerables escándalos han sido también denunciados, muchos gracias a investigaciones de Survival International.

Los nuevos “Principios Básicos de Derechos Humanos para Organizaciones y Financiadores Privados de la Conservación” (Core Human Rights Principles for Private Conservation Organizations and Funders) enumeran las normas mínimas que deben cumplir las organizaciones conservacionistas como WWF, WCS, African Parks y Conservation International. Entre ellas se incluyen:

  • Cada organización y financiador conservacionista debe garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho a la libre determinación, su derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, o adquirido de otra manera.
  • Las organizaciones y financiadores conservacionistas nunca deben emprender o apoyar acciones que afecten negativamente a los derechos de los pueblos indígenas sin antes consultarles y cooperar con ellos de buena fe, obteniendo y manteniendo su consentimiento libre, previo e informado.
  • Cada organización y financiador conservacionista debe prevenir los posibles impactos adversos sobre los derechos humanos que pueda provocar, o a los que pueda contribuir, y cesar inmediatamente cualquier impacto adverso real que cause o al que contribuya.
  • Todas las organizaciones y financiadores conservacionistas deben condicionar su apoyo a las actividades contra la caza furtiva y otras actividades de aplicación legislativas (...) al cumplimiento por parte de dichas actividades de las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Si las actividades no cumplen dichas normas y estándares de derechos humanos, la organización o el financiador conservacionista deben restringir o poner fin a dicho apoyo.

La directora de Survival International, Caroline Pearce, ha declarado hoy: “La necesidad de estas directrices en 2024, que establecen los principios más básicos sobre derechos humanos, debería servir como prueba contundente del lamentable estado actual de la conservación. Pero no cabe duda de que son necesarias. La industria de la conservación de la naturaleza en su conjunto, y especialmente las grandes organizaciones conservacionistas, llevan décadas cometiendo abusos atroces contra los pueblos indígenas, y solo cambian su comportamiento cuando se ven obligadas a ello por la presión de sus financiadores o de la opinión pública. Si estas directrices, que enmarcan unas normas mínimas de comportamiento ético, pueden ayudar a prevenir los abusos antes de que se produzcan, entonces serán bienvenidas.

Pero hace falta mucho más. Las directrices fallan al no analizar toda la podredumbre del modelo de conservación tradicional de 'fortaleza', que después de tantas décadas se sigue basando en expulsar a los pueblos indígenas de sus territorios, convertir sus tierras en Áreas Protegidas y luego imponer el despojo por la fuerza. Es muy sencillo: la conservación de la naturaleza que no respeta los derechos territoriales indígenas viola los derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

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