La policía cierra una “milicia privada” después del asesinato de guaraníes
9 abril 2014
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La policía brasileña ha cerrado una conocida firma de seguridad acusada de asesinar, al menos, a dos líderes guaraníes, y de atacar brutalmente a cientos más.
Gaspem fue descrita como una “milicia privada” por los fiscales federales que pidieron su cierre el año pasado.
Según informaciones, los ganaderos pagaban 30.000 reales (13.400 $) cada vez que desalojaban a los indígenas guaraníes de sus tierras ocupadas actualmente por plantaciones de caña de azúcar y soja y haciendas de ganado.
El dueño de la empresa, Aurelino Arce, fue arrestado en 2012 en relación con el asesinato del líder guaraní Nísio Gomes.
Durante años los guaraníes han reclamado que la empresa fuera clausurada. Su voz ha sido escuchada en el ámbito internacional, gracias la campaña desarrollada por Survival y en medios de comunicación de todo el mundo.
La decisión de un juez de obligar a la empresa a cerrar significa una gran victoria para las comunidades guaraníes de todo el estado central brasileño de Mato Grosso do Sul.
Gaspem es tan solo una de las empresas que ofrecen servicios de “seguridad” a los ganaderos y terratenientes. Otras firmas similares se mantienen activas y los políticos que integran el poderoso lobby agro-ganadero antiindígena de Brasil han alentado a los terratenientes a expulsar a los indígenas de sus tierras.
El domingo pasado varios pistoleros atacaron a los indígenas de la comunidad Pyelito Kuê, quienes regresaron recientemente a una pequeña parcela de su tierra tras forzar la marcha de un ganadero que les bloqueaba el acceso a sus hogares. Una mujer resultó herida y muchos otros se vieron obligados a huir. Se trata del tercer ataque perpetrado contra esta comunidad en los últimos 30 días.
Los guaraníes declararon: “¿Tenemos acaso que adoptar medidas más duras en nuestra defensa? ¿Tenemos que matar o morir para que la gente se alarme, respete y garantice nuestros derechos? No podemos seguir soportando más todo este sufrimiento”.
Survival está presionando al Gobierno para que demarque todo el territorio ancestral guaraní y lo restituya a los indígenas tal y como establecen la constitución de Brasil y el derecho internacional.