La fiscalía emite una orden urgente por los derechos territoriales de los enawene nawes
11 noviembre 2013
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La oficina del Fiscal Federal de Brasil ha amenazado al departamento de asuntos indígenas del Gobierno brasileño (FUNAI) con emprender acciones legales si no actúa rápidamente para ampliar el territorio del pueblo indígena enawene nawe.
Aunque la tierra de esta tribu ya fue demarcada y ratificada legalmente en 1996, dicha demarcación no incluyó una área crucial que los enawene nawes llaman Adowina, o río Preto.
El río tiene una importancia vital para los medios de vida de los indígenas y sus cabeceras son sagradas para ellos.
Es una de las zonas clave donde la tribu construye intrincadas presas de madera para atrapar a los peces; la pesca es una parte importante de su dieta.
Entorno a los peces, precisamente, gira el ritual del yãkwa, durante el cual son intercambiados entre los enawene nawes y sus espíritus ancestrales para mantener el orden y el bienestar.
Es tanta la importancia del yãkwa que el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional de Brasil (IPHAN) lo declaró como patrimonio nacional en 2010.
A fecha de hoy los enawene nawes tienen que pedir permiso a los ganaderos que han ocupado la zona para construir sus presas y pescar en el río Preto.
A esto se le suma que el agua del río cada vez está más contaminada por los pesticidas que se emplean en los pastos de ganado que hay junto a las orillas del río y que los bancos de peces han disminuido drásticamente como consecuencia de una serie de presas hidroeléctricas que están siendo construidas en el río Juruena.
En 2011, la UNESCO incluyó el ritual en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de Urgente Necesidad de Salvaguarda y reconocía que el “yãkwa y la diversidad local que celebra representan un ecosistema extremadamente frágil y delicado cuya continuidad depende directamente de su conservación. Sin embargo, ambas se encuentran ahora gravemente amenazadas…”.
Desde el año 2000 los enawene nawes demandan que su tierra sea reconocida. A FUNAI le ha llevado siete años establecer el primer grupo de trabajo para examinar río Preto.
Ahora la fiscalía ha dado a FUNAI un plazo de dos años para completar la demarcación y ratificación de la zona. Y ha declarado que “enfrentada al silencio casi absoluto de FUNAI”, la vía judicial es el único camino que queda para salvaguardar los derechos constitucionales de los indígenas y las “condiciones necesarias para la supervivencia de la sociedad enawene de acuerdo a sus prácticas culturales”.
