Comienza el nuevo juicio de los bosquimanos
30 julio 2013
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El cuarto proceso judicial de los bosquimanos contra el Gobierno de Botsuana comenzó ayer en el Tribunal Supremo.
El caso impugna un requerimiento gubernamental que obliga a los bosquimanos a solicitar permisos para acceder a su tierra ancestral en la Reserva de Caza del Kalahari Central (CKGR por sus siglas en inglés).
En 2006 el Tribunal Supremo dictaminó que todos los bosquimanos que habían sido expulsados a la fuerza de la CKGR tienen derecho a regresar y a vivir allí. Sin embargo, desde el veredicto, se han enfrentado al continuo acoso e intimidación por parte del Gobierno, y la mayoría de ellos tienen que solicitar un permiso que los autoriza a permanecer dentro de la reserva durante solo un mes.
Ayer el Gobierno trató de hacer que el tribunal desestimara la demanda por un tecnicismo. La decisión sobre si el proceso puede continuar está prevista en las próximas semanas.
El abogado británico y experto en derechos indígenas Gordon Bennett debía haber representado a los bosquimanos, como lo ha hecho desde 2004, pero la semana pasada se le prohibió la entrada al país sin ninguna explicación.
Bennett fue el abogado principal en el histórico caso de 2006, que fue el primero en establecer el principio de derecho de propiedad territorial nativa en África.
El Gobierno argumenta que solo las 189 personas que figuran formalmente como demandantes en ese juicio y sus hijos menores de 18 años pueden acceder libremente a la reserva. Sin embargo, al comienzo del mencionado juicio, el Gobierno había reconocido que la sentencia se aplicaría a unos 700 bosquimanos, incluidos los niños.
Los bosquimanos viven con el constante temor de exceder su permiso, en medio de una ola de detenciones y de violencia a manos de la policía paramilitar y los guardas forestales.
El portavoz bosquimano Jumanda Gakelebone declaró: “Estamos contentos con la vista de hoy. El Gobierno no tiene argumentos en contra del simple hecho de que nosotros, los bosquimanos, tenemos derecho a vivir y movernos libremente en nuestra tierra. El Gobierno trató de debilitar nuestro caso quitándonos a nuestro abogado, pero tenemos la esperanza de que se hará justicia”.
