Indígenas venezolanos viajan a la capital en medio de los temores a la minería
19 julio 2013
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Una delegación de indígenas ye’kuanas y sanemas viajó a la capital de Venezuela, Caracas, para expresar sus temores sobre los devastadores efectos que la minería tiene en su tierra.
Los buscadores de oro invaden los territorios indígenas en las selvas tropicales del sur de Venezuela desde hace muchos años, y han contaminado sus fuentes de agua y destruido su bosque.
Kuyjani, la organización ye’kuana, ha afirmado: “La tierra es fundamental para el PuebloYe´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones”.
Los indígenas demandan la “prohibición total e inmediata de la actividad minera de oro, diamante o de cualquier tipo mineral en toda la cuenca del río Caura, santuario de biodiversidad de los pueblos indígenas Ye´kwana y Sanema, así como de la Nación Venezolana”. Piden que el Gobierno reconozca sus títulos territoriales colectivos, tal y como garantiza la Constitución.
El pasado mes de marzo COIAM, una red de organizaciones indígenas, puso de manifiesto la gran preocupación que existe sobre los planes del Gobierno de permitir a CITIC, una empresa minera china, la exploración de minerales en el “Arco Minero del Orinoco”, en los estados Amazonas y Bolívar.
CITIC tiene prevista la construcción de cinco campos mineros en áreas habitadas por pueblos indígenas, incluso en Ocamo, que yace en el corazón del territorio indígena yanomami.
El comunicado de COIAM expresa “la profunda preocupación” y el “rechazo” que sienten los indígenas hacia el proyecto de minería, que según ellos traerá destructivos impactos sociales y para el medio ambiente y es “contrario a su concepto de vida y a la madre naturaleza, que son primordiales para mantenerlos colectivamente”. Pide al Gobierno que revise urgentemente el proyecto minero y sus políticas indígenas.
COIAM señala que no se han producido consultas previas e informadas con los pueblos indígenas, lo que supone una violación de la Constitución venezolana y de la normativa internacional sobre pueblos indígenas y tribales.
