Los bosquimanos, eliminados de la Constitución

El Gobierno de Botsuana ha presentado un proyecto de ley al Parlamento para eliminar de la Constitución la cláusula fundamental que protege los derechos de los bosquimanos. Esta jugada se produce a mitad de la histórica acción legal de los bosquimanos del Kalahari Central contra el Gobierno, en la que la mencionada cláusula supone una de las bases principales del caso bosquimano.

El presente juicio constituye la primera vez en la historia de Botsuana en que la validez de la citada  cláusula se comprueba ante los tribunales, pero el Gobierno tiene la intención de eliminarla en el curso de unos meses. La enmienda que suprimiría la protección de los bosquimanos ha pasado su segunda lectura en el Parlamento esta semana. Si es aprobada en una tercera lectura podría convertirse en ley en unos pocos meses.

La cláusula, s14(3)©, dice que el público general puede ver restringido su derecho a la libre circulación dentro de ·áreas definidas· si ello es necesario para la protección o el bienestar de los bosquimanos. Esto debería significar que las tierras ancestrales de los bosquimanos gana y gwi que se encuentran en la Reserva de Caza del Kalahari Central se encuentran bajo protección.

La organización de bosquimanos First People of the Kalahari manifestó el viernes mediante un comunicado lo siguiente: "¿Cómo puede el Gobierno pensar siquiera en cambiar este artículo mientras nuestro caso sigue todavía en los tribunales? Este artículo se incluyó en la Constitución para darnos protección. Ahora estamos tratando de contar con él por primera vez en la historia. ¿Es coincidencia que unos meses después el Gobierno haya decidido suprimirlo?"

Por su parte el director de Survival International, Stephen Corry declaraba hoy: "el Gobierno afirma que la Constitución debe modificarse para que sea 'tribalmente neutra'. De hecho suprimiendo este artículo se elimina la única protección que la Constitución da a un pueblo ya de por sí vulnerable cuando éste más la necesita. Resulta vergonzoso que el Gobierno actúe antes de que el Tribunal haya dictado sentencia. El asesoramiento que el Tribunal podría dar al Parlamento sobre la finalidad y los efectos de la sección 14(3)© habrían ayudado a éste a decidir si era sensato o no suprimirlo. Esto confirma que el Gobierno se alegra de incumplir la ley e incluso la Constitución con tal de salirse con la suya".

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Ana M. Machado
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